Privatización del Polideportivo Municipal de Alpedrete.

El Partido Popular de Alpedrete da una vuelta de tuerca más a su

maquinaria privatizadora

El pleno celebrado el pasado martes trece de noviembre aprobó, con los votos en solitario del Partido Popular, la adjudicación definitiva de la gestión y explotación del Polideportivo Municipal de Alpedrete, por diez años, a una empresa privada, dándose la circunstancia de que la empresa adjudicataria ha sido la única que ha presentado ofertas, sin que haya habido, por tanto, competencia entre empresas concurrentes.   

La privatización de la gestión del Polideportivo Municipal va a suponer una importante merma en la calidad de un servicio público básico, como es el deportivo, que hasta ahora estaba bien considerado y muy valorado por todos sus usuarios. También conllevará la perdida de las actividades deportivas que la empresa privada adjudicataria no considere rentables para sus intereses. Basta como ejemplo lo que está ocurriendo en la también privatizada Piscina Municipal Cubierta, la cual presta un pésimo servicio que origina las continuas y masivas quejas de los usuarios, dándose el curioso hecho de que la misma empresa que gestiona este servicio es la que se va a hacer cargo de la explotación del Polideportivo Municipal.

Con la cesión del Polideportivo Municipal a una empresa privada no se va a hacer otra cosa que despilfarrar el dinero público, puesto que el Ayuntamiento y, por ende, todos y cada uno de los vecinos de Alpedrete, van a tener que abonar a la empresa adjudicataria una cantidad anual que rondará los 453.000 euros (es decir, cerca de 569 millones de pesetas en los diez años de concesión) a lo que habrá que sumar los gastos por consumo de agua, gas, electricidad, gasóleo, etc. del complejo deportivo, que también correrán por cuenta de las arcas municipales, así como el IBI y demás impuestos y tasas municipales, siendo la empresa privada concesionaria la que se lleve los beneficios de la explotación de nuestra Ciudad Deportiva.

Los precios de las actividades que se van a ofrecer en el Polideportivo sufrirán un importante incremento, lo que repercutirá negativamente en el bolsillo de los vecinos usuarios. Además, las tarifas serán revisadas e incrementadas anualmente en base a una fórmula que creemos abusiva, farragosa y nada clara. Lamentable fue el hecho de que en la sesión plenaria la alcaldesa ni tan siquiera se comprometiera a mantener durante el presente curso los precios actuales de las actividades deportivas en las que los usuarios ya están inscritos y cuyas condiciones económicas eran públicas en el momento de realizar la matricula, por lo que opinamos que esos precios se deberían respetar y no aumentarse.

Por otro lado, la empresa que pasa a explotar el Polideportivo Municipal tendrá que hacerse cargo del personal adscrito al servicio deportivo, un total de 26 personas de diferentes categorías profesionales, entre los que se encuentran desde conserjes y limpiadores hasta coordinadores y monitores deportivos, algunos de ellos con más de veinte años de antigüedad, empleados que dejarán de pertenecer al Ayuntamiento de Alpedrete y pasarán a depender de una empresa privada con lo que su futuro puede presentarse incierto y sombrío ya que la permanencia en sus puestos de trabajo no estará garantizada.

El personal funcionario y laboral fijo que presta, hasta ahora, sus servicios en el Polideportivo será trasladado y reubicado en otras dependencias municipales pudiendo pasar a desempeñar tareas que nada tendrán que ver con su actual destino.

Consideramos que, por responsabilidad política y coherencia ante sus vecinos, la concejal delegada de deportes debería renunciar a la parte proporcional de su salario de 35.000 euros anuales –2.500 € mensuales– puesto que su “dedicación exclusiva” queda ahora muy mermada, ya que todas las instalaciones deportivas municipales están privatizadas y cedida su gestión a empresas privadas que se encargan de su explotación.

Desde UN.P.A. abogamos por unos servicios públicos de calidad gestionados desde la administración municipal, ya que entendemos que la privatización –gestión indirecta, como irónicamente lo llaman– de estos servicios básicos supone un empeoramiento de su calidad, un aumento de los precios, así como un detrimento en los derechos de los trabajadores.